El
Poder está relacionado con la sociedad, la política y el Estado. El poder es una relación social de primer orden que ayuda a organizar las instituciones del
Estado y el sector de la Sociedad, así como las interacciones entre individuos.
En esta interacción y en la diversidad étnica y multilingüe que hay en nuestro
país es donde se encuentra la riqueza de nuestro pueblo, ya que la diversidad
ofrece mejor calidad en recursos humanos y corresponde a los adultos empoderar
a las generaciones que vienen atrás, capacitándolos en sus derechos.
Las democracias de América Latina y el Caribe son muy jóvenes y están en vías de consolidación. Por otro lado, en los Estados Unidos parece haber un resurgimiento en el interés sobre la ECD.
Como muestran
Kapstein y Converse (2008), 25 países de la región de Latino América y el Caribe hicieron su transición a
regímenes democráticos desde 1960 hasta el año 2000 y la mayoría de estos
cambios se dieron en la década del 80; lo que, sin lugar a dudas, supone
un paso positivo hacia la democratización de la región que, sin embargo,
también implica una muy reciente tradición democrática.
Las democracias
más sólidas se encuentran en aquellas sociedades que llevan más tiempo con
regímenes políticos democráticos, las que llevan menos tiempo con estos
sistemas están en mayor riesgo de volver a formas no democráticas de administrar
el poder, por ejemplo, a gobiernos autoritarios
La diferenciación
de los diferentes tipos de ciudadanía en el informe de la OEA y el PNUD (2010)
sobre las democracias en América Latina, parte de los planteamientos de
Marshall en cuanto a la identificación de tres tipos de ciudadanía: política;
civil y social.
La ciudadanía
política, se refiere al derecho a elegir y ser elegido y, por lo tanto, a la
participación en la administración del poder en una comunidad determinada. La ciudadanía civil, se refiere al ejercicio
de los derechos para las libertades individuales; por ejemplo, la libertad de
expresión, pensamiento y religión. La
ciudadanía social, abarca tanto los derechos económicos, como los sociales y
culturales.
La ciudadanía es
mucho más que el ejercicio del voto y la participación; es, ante todo, un
ejercicio de derechos en el que los ciudadanos se convierten en sujetos libres
dentro del sistema democrático, que a su vez defiende estas libertades y
reconoce la búsqueda de bienestar para sus miembros en un marco de igualdad.
La educación para
la ciudadanía democrática debe responder a esta complejidad, equipando a las
personas con las habilidades necesarias para ejercer, competentemente, la
ciudadanía en un contexto complejo en donde las exigencias van más allá del
voto.
En cuanto a la ciudadanía civil, hemos logrado el respeto por la libertad de
expresión y de prensa, también ha habido avances importantes en cuanto a la
libertad de religiones, pero el derecho a la vida aún está lejos de ser
respetado en la región.
América Latina y el Caribe es la región con mayor
número de homicidios dolosos en el mundo. De las 13 ciudades con mayores tasas
de homicidios en el mundo, 10 corresponden a América Latina y el Caribe (Rojas,
2008). Para nadie es un secreto que el narcotráfico, la delincuencia común y
los conflictos internos son parte de la cotidianidad en muchos de nuestros
países.
En cuanto a
la ciudadanía social,
los niveles de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe son
exageradamente altos. En el último informe de desarrollo humano centrado en el
tema de la desigualdad, se identifica que es la región tiene los mayores niveles de desigualdad
del mundo.
Dicha
desigualdad ha persistido históricamente pese a distintas políticas y programas
encaminados a reducirlos, y además, se dan en un contexto de muy baja movilidad
socioeconómica (PNUD, 2010). Casi 200 millones de pobres en la región (34,1%) y
80 millones en situación de indigencia (13,7%) (OEA, 2010; CEPAL, 2010)
muestran que la ciudadanía social es uno de los componentes más importantes por
desarrollar.
Otro factor
importante relacionado con el estado de desarrollo de las democracias en las
Américas es la corrupción.
Según Transparencia Internacional (2008), de 32 países incluidos en la medición
del índice de percepción de la corrupción, 22 de ellos, es decir casi 70%,
presentaron calificaciones de menos de 5 puntos en una escala de 1 a 10.
La
educación para la ciudadanía democrática cobra especial relevancia y sentido,
al convertirse en una de las herramientas con las que se cuenta para continuar
con la consolidación de las democracias en la región y enfrentar los riesgos
asociados con sus vulnerabilidades y problemas.
Junto a la poca consolidación de las democracias y
los fenómenos de violencia, discriminación, pobreza y desigualdad mencionados
ya, se observa un distanciamiento de los jóvenes con la política y la esfera
pública y un sistema educativo que muchas veces no responde a estas nuevas
demandas y permanece anclado a modelos tradicionales de educación cívica. En
este sentido, los autores proponen un cambio de paradigma que implique el paso de la educación cívica radicional a la educación para la
ciudadanía democrática (Cox, Jaramillo y Reimers, 2005).
Este cambio de paradigma supone trascender una
educación tradicionalmente basada en conocimientos, a una que busque, además el
desarrollo de habilidades y actitudes frente a la ciudadanía, convertirla en
“una forma de vida en el sistema educativo” (Cox, Jaramillo y Reimers 2005).
Aunque la escuela surge en parte con un interés de socialización política en la
región, este interés se vio concretado en una educación cívica centrada en
conocimientos sobre el funcionamiento del estado más que sobre un estilo de
vida particular.
El cambio propuesto, según Cox, Jaramillo y Reimers
(2005) comprende una expansión de la educación cívica tradicional, que de paso
sea dicho, tiene repercusiones importantes para la evaluación de políticas y
programas educativos.
El cambio de la educación cívica a la ciudadana, es
consistente con la
aproximación integral a la formación ciudadana, en la cual Chaux (2004),
propone cinco principios orientadores:
- Abarcar todas las competencias necesarias para la acción.
- Brindar múltiples oportunidades para la práctica de estas competencias
- Integrar la formación ciudadana de manera transversal en las áreas académicas.
- Involucrar a toda la comunidad educativa.
- Evaluar impacto.
Desde un modelo tradicional, la evaluación de la
educación cívica cubría sólo conocimientos sobre un campo temático limitado;
ahora con un concepto ampliado de ECD, nos enfrentamos a que además de evaluar
conocimientos, también debemos dar cuenta de actitudes, habilidades e incluso
acciones
Dentro de las múltiples innovaciones y reformas
llevadas a cabo para fomentar la ECD, llaman la atención dos proyectos
regionales:
- Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas
- Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC). De este proyecto Guatemala es uno de los seis países que forman parte.
En cuanto a los resultados de la participación de
los países del SREDECC en el estudio internacional y el módulo regional, se
encontró un bajo nivel general de conocimientos, entre otros aspectos, sobre el
concepto de democracia representativa o conocimientos específicos sobre algunas
instituciones
A pesar de iniciativas regionales como el SREDECC,
avances en algunos de los países de la región y mediciones internacionales como
el estudio ICCS de la IEA, hay una ausencia preocupante de evaluación
sistemática de políticas y programas de ECD, en términos de su calidad, su
implementación y sus resultados (Amadeo y Cepeda, 2007; Reimers, 2008; Martínez
y González, 2010). No sólo la ausencia de evaluación es evidente, sino que en
los pocos casos en los que se encuentra una iniciativa de evaluación sobre
alguna política o programa, usualmente se realiza con un diseño poco adecuado que
deja muchas dudas sobre los resultados, su validez y confiabilidad.
Esta ausencia de evaluación tiene consecuencias muy
negativas para las políticas y programas ya que, al no contar con mecanismos
para evaluar su impacto o su adecuada implementación o desarrollo, no permiten
tener certeza de que las acciones emprendidas por algunos países sean las
adecuadas
La ECD es una
prioridad en la región de América Latina y el Caribe que responde a la poca consolidación de muchas de
sus democracias y a los riesgos asociados, como dictaduras o gobiernos
autoritarios, pero también a la debilidad institucional que se relaciona con
fenómenos como el narcotráfico, la corrupción, la impunidad o la violencia.
La ausencia de evaluación tiene consecuencias muy negativas para la
región en cuento al diseño e implementación de políticas y programas. La falta
de certezas sobre su real impacto, la asociada dificultad para decidir las
mejores formas de intervenir sobre una problemática compleja y la pérdida de la
posibilidad de mejoramiento, son algunas de ellas.
